Condenan a seis años de cárcel efectiva a exdirectivo del Minsal por millonario fraude en obras del Hospital de Buin
Una condena de seis años de presidio efectivo por fraude al Fisco y cohecho dictó el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago contra el exjefe de Finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud (Minsal), Mauricio Álvarez García. La sentencia, obtenida por el fiscal Carlos Eltit de la Fiscalía de Investigación Especializada (FIE) Occidente, desarticuló una red de desvío de fondos públicos articulada durante el proyecto del nuevo Hospital San Luis de Buin-Paine en 2018.
Junto a Álvarez, la arquitecta Pía González González y su pareja, el constructor Marcos Pozo Reyes, fueron sentenciados como autores del delito de soborno.
El esquema delictivo
En 2018, tras el cambio en las políticas de financiamiento hospitalario hacia alianzas público-privadas, Álvarez aprovechó su posición para intervenir en la reposición del Hospital de Buin, obra que disponía de un presupuesto aprobado de $1.300 millones y un prediseño listo.
Bajo este contexto, el exfuncionario gestionó la contratación de un equipo revisor externo paralelo e innecesario:
- Vínculo cercano y falta de pericia: Álvarez contactó a González y Pozo —vecinos suyos en Buin y responsables de construir su vivienda particular— pese a que carecían de experiencia en infraestructura hospitalaria.
- El mecanismo de soborno: Les ofreció designar a la arquitecta como coordinadora ante el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS) a cambio de una comisión ilícita del 10% del total asignado a honorarios.
- Cobro a los asesores: La pareja reclutó a 18 profesionales y técnicos para un plan presupuestado en $400 millones, exigiéndoles a su vez entregar el 10% de sus sueldos mensuales bajo el pretexto de costear “gastos operacionales”.
El fraude generó un perjuicio fiscal cercano a los $260 millones, cifra que alcanzó a cancelarse antes de que conflictos internos entre los condenados interrumpieran la operación.
El veredicto del tribunal
El juicio oral contó con la participación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) como parte querellante. La fiscalía expuso testimonios de arquitectos del servicio de salud, pesquisas de la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la PDI, registros de mensajería electrónica y comprobantes de transferencias bancarias.
El fallo concluyó que los informes emitidos por el equipo externo “no resultaron útiles al anteproyecto”, calificándolos como servicios que “no resultaban pertinentes, oportunos ni provechosos”, realizados por personal sin la idoneidad requerida.
Penas y restituciones económicas
- Mauricio Álvarez García: 6 años de presidio mayor en su grado mínimo (de cumplimiento efectivo), multa cercana a los $26 millones y el pago de las costas de la causa.
- Pía González y Marcos Pozo: 540 días de presidio menor en su grado mínimo por soborno, inhabilitación absoluta para cargos públicos durante la condena y una multa de $10 millones a favor del Fisco.
- Demanda civil acogida: El tribunal ordenó a Álvarez restituir al Fisco $259.802.566 por daño material directo, monto que deberá reajustarse de acuerdo al IPC acumulado desde octubre de 2018 hasta su liquidación final.
